La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados de la Nación fue escenario de un unánime y rotundo rechazo al proyecto del gobierno nacional de privatizar el complejo nuclear argentino. El debate, realizado días atrás, se destacó por la ausencia de voces favorables a la decisión del gobierno nacional de privatizar el paquete de plantas nucleares y se sucedieron los argumentos de rechazo de la medida, que parece no tener marcha atrás.
El panel de expositores -diputados, profesionales, empleados, científicos, ingenieros y técnicos de distintas provincias y especialistas radicados en el exterior- coincidió en una defensa cerrada a la permanencia de las centrales como patrimonio estratégico y soberano. Los participantes destacaron que el sector no sólo es superavitario, sino que además de producir energía, también genera cobalto-60 (para usos medicinales y tratamientos oncológicos) y exporta conocimiento tecnológico de alto valor agregado al mundo.
Entre otras opiniones, Franco Gómez Coria, trabajador de la central Nuclear Embalse y miembro del Sindicato Regional de Luz y Fuerza (Sirelyf), precisó que las centrales aportan el 13% de energía al sistema interconectado nacional. “Llevamos más de 52 años de experiencia operativa en el sector nuclear. Estas plantas son centrales de base, otorgan energía las 24 horas los 365 días del año a todo el sistema eléctrico del país permanentemente”, señaló.
A su vez, subrayó las contradicciones de la medida: “El sector arroja superávit, no hay pérdidas, y hoy quieren regalar décadas de conocimiento y desarrollo argentino, y hay algo fundamental, el valor que le ponen los trabajadores”, agregó. También recordó que, durante la gestión libertaria, incorporaron personal sin conocimiento técnico en puestos dirigenciales.
“No se pueden entregar a manos privadas y menos a manos extranjeras”, enfatizó. Sostuvo que el esquema está llevando a la precarización de puestos de trabajo, con tercerizaciones que ocultan “negocios con amigos”.
Respecto al valor patrimonial, Gómez Coria sostuvo: “Valuaron las centrales en mil millones de dólares, una cifra que ingresaría en la empresa en un año de actividad”, señalo. Recordó inversiones importantes que el Estado realizó se realizaron para la extensión de vida útil en Embalse (30 años) y Atucha (20 años).
“Poner en manos privadas las centrales nucleares, significan riesgos de operatividad, de seguridad, con el riesgo que contraten mano de obra que quizá no sea la más calificada”, advirtió.
“Como trabajadores, les pedimos que nos defiendan, que no nos entreguen, somos un ‘bien público’, y sobretodo, estamos entregando la soberanía del sector nuclear y del manejo de los recursos energéticos, como el uranio, no hagan negocio con nosotros, no hagan más negocio con la argentina”, enfatizó. “La central nuclear son argentinas”, finalizó su presentación.
Dudas sobre la tasación
Por su parte, la diputada nacional Florencia Carignano (Unión por la Patria, Santa Fe), integrante comisión bicameral de privatizaciones, alertó que el proceso ya “parece inevitable”. “Las centrales están sujetas a privatización”, aclaró. El gobierno aspira a privatizar de forma parcial de Nucleoeléctrica Argentina (Nasa), sociedad anónima que opera las plantas nucleares en el país.
“Queremos que sea transparente y tener la información, necesitamos saber por qué el Tribunal de Tasaciones se excusó de tasarlas y lo está haciendo el Banco BICE, con directores políticos y al 50% de su valor real”, denunció. Adelantó que citarán a Diego Chaher, director de Nasa y titular de la de Agencia de Transformación de Empresas Públicas, para que brinde explicaciones. “Es la mente diabólica detrás de todo esto, quiere rematar una empresa superavitaria, con profesionales muy capacitadas”, apuntó.
Si ya habían tasado, porque hoy no están en condiciones de hacerla. Con cada cosa que hace el gobierno, detrás hay un negocio. La legisladora, vinculó la medida con intereses geopolíticos, y lo adjudicó a una decisión de Estados Unidos para que Argentina se anule como país productor de energía nuclear.
Gremio en pie de guerra
Máximo Brizuela, secretario general del Sirelyf, celebró que la voz de los trabajadores sea escuchada y cuestionó a qué intereses responde el Gobierno Nacional, cuya gestión “pone en riesgo lo construido durante años”.
“¿Para quién gobiernan? Tenemos que defender a los trabajadores, a nuestra gente, porque el desarrollo es trabajo, es dignidad, es soberanía”, se preguntó el dirigente sindical. El gremio, con mayor cantidad de afiliados entre los trabajadores de la central embalseña, no descarta organizar alguna manifestación o protesta en los próximos días para expresar el rechazo al proceso privatizador.
