Se sospecha que los detenidos habrían integrado una “asociación ilícita” y que rastreaban lotes con deudas que usurpaban y ofrecían a la venta los derechos posesorios.
Tras tomarle declaración indagatoria a las doce personas detenidas días atrás, sospechadas de integrar una asociación ilícita para estafar con terrenos en el valle de Calamuchita, la fiscal de la causa, Paula Bruera, adelantó algunas pautas sobre la operatoria de la banda.
Once hombres y una mujer fueron apresados en un megaoperativo policial con unos 70 agentes, que realizó allanamientos simultáneos en distintas localidades de la zona en la madrugada del 16 de agosto.
Luego de haber finalizado la indagatoria, en un proceso que duró más de una semana, todos continúan detenidos en la Unidad de Contención de Aprehendidos (UCA) en la ciudad de Córdoba. “En los próximos días se resolverá la situación procesal de cada uno”, precisó la funcionaria judicial al diario La Voz del Interior.
Según apunta la investigación que tramita la fiscalía de Instrucción de Río Tercero, la asociación ilícita se habría formado dos años atrás, en julio de 2021, con el propósito de cometer distintos delitos, como estafas y usurpaciones, con la finalidad de vender terrenos en el valle de Calamuchita.
El caso generó fuerte impacto en el valle turístico. Los detenidos, son en su mayoría de Santa Rosa de Calamuchita, pero también hay personas oriundas de Villa del Dique, Berrotarán y Santa Ana, en cercanías a Alta Gracia.
La investigación, que ya avanzó en las maniobras que el grupo llevaría adelante para cometer las estafas, precisa que el objetivo era captar compradores de buena fe mediante la colocación de carteles y el uso de redes sociales. Ofrecían derechos posesorios de lotes que previamente habían usurpado y acondicionado, con tareas de limpieza o desmalezado. Luego, los mostraban a los potenciales adquirientes.
Según surge de la investigación, “por su profesión, uno de los imputados obtenía información que le permitía identificar a los inmuebles con deudas impositivas de larga data o en posible estado de abandono”.
“Asimismo, otros miembros de la organización confeccionaban la documentación necesaria para concretar las operaciones, tales como certificados de amojonamientos falsos ya que la fecha que se insertaba no concordaba con el día en que se había realizado y se utilizaban para inducir a error a las víctimas respecto a los años de posesión que decían tener sobre el lote”, describieron fuentes judiciales vinculadas a la causa, otra de las maniobras fraudulentas que están bajo investigación.
Entre los detenidos hay un ingeniero agrimensor, un martillero público y una persona que se hacía pasar por Juez de Paz.
Sobre los detenidos pesan delitos de distinta índole: asociación ilícita en calidad de organizadores, en algunos casos, y de miembros en otros; usurpación; estafas reiteradas; falsificación de instrumento privado, y usurpación de autoridad.
Huellas en las cuentas bancarias
Cerrando el círculo de las presuntas estafas, “a través de su cuenta bancaria, otro de los investigados, recibía el dinero de los clientes damnificados y los distribuía entre los miembros de la banda”, agregó la fiscal.
Otra de las sospechas que se afianzó en la indagatoria, refiere a que uno de los imputados asumía el rol de antiguo poseedor del terreno que había sido usurpado y mediante la exhibición de documentación a terceros, inducía a concretar la operación.
La denuncia que inició la causa judicial fue radicada por los herederos de un loteo de Santa Rosa de Calamuchita. Si bien los terrenos que vendían se encuentran en distintas localidades serranas, la mayoría pertenece a un loteo de Cerro de Oro, una zona cercana a la ruta 5, en Santa Rosa de Calamuchita.
“Hay que resaltar q todos gozan de presunción de inocencia hasta tanto se realice el juicio y haya o no una condena; no obstante, la fiscalía se encuentra investigando y recolectando prueba a los fines de acreditar la hipótesis que sostenemos”, subrayó la fiscal.
