Hace casi 29 años, un grupo de damnificados de Río Tercero reclama al Estado resarcimiento por daño moral, tras las explosiones registradas el 3 de noviembre de 1995, en Fábrica Militar. Aún la deuda estimada en 24 mil millones de pesos está pendiente.
Ahora se espera que el abogado que representa a los damnificados se reúna el 18 de abril con representantes del Estado.
A casi 29 años del atentado que sufrió Fábrica Militar Río Tercero, que dejó siete muertos y cuantiosos heridos, aún no se logra cerrar un caso de ocho mil riotercerenses que piden indemnizaciones por daño moral.
La audiencia que tenía fecha para el 20 de marzo con las dos salas penales de la Cámara Federal de Córdoba, se postergó para el 18 de abril.
Iban a estar presentes miembros del Gobierno nacional con Mario Ponce, el abogado que representa a ocho mil damnificados que reclaman daño moral. Ese encuentro ahora se pasó para el 18 de abril, a pedido del Gobierno nacional.
La Cámara había citado a Ponce y a representantes del Ministerio de Defensa de la Nación, de Fábrica Militar de Río Tercero y el Ministerio de Economía de la Nación.
Esa resolución fue firmada por el presidente de la Cámara Abel Sánchez Torres al igual que el dictamen de cambio de fecha.
Una ley nacional sancionada hace nueve años especificaba un pago a los damnificados que se iba a efectivizar en bonos. Luego, el Ejecutivo de la anterior gestión aseguró que por decreto pagarían en efectivo. Eso nunca se cumplió.
No se descarta que Ponce insista que se le cobre al Estado un interés por cada día de falta de pago, tal como lo había resuelto la Justicia. Pero el defensor nunca lo hizo ejecutar, con ánimo conciliatorio.
La ley sancionada en 2015 establece un cálculo que resulta “de la remuneración mensual de los agentes nivel A grado 0 del escalafón del personal de la administración pública nacional, multiplicado por 100″. De ahí surge -según Ponce- la cifra final hoy estimada en $ 4 millones por damnificado. La cifra global alcanzaría a 24 mil millones de pesos.
Ahora por vía judicial se intenta que las partes lleguen a un acuerdo. Los damnificados ya habían renunciado a los juicios millonarios que habían entablado en contra del Estado, para adherirse a esta ley conciliatoria.
A la vez, el Estado realizó algunos pagos aislados, pero ninguno a este grupo de unos ocho mil vecinos.
Este reclamo llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por presunta violación a los derechos humanos. La lucha sigue vigente.
Estos damnificados han realizado en estas casi tres décadas numerosas marchas, corte de ruta, acampe frente a Casa Rosada. Pero nunca fueron escuchados. Sólo recibieron promesas gubernamentales que nunca se cumplieron. Muchos de ellos fallecieron sin haber visto que en su caso se hiciera justicia.
La causa
Por la voladura de la empresa estatal hubo culpables, civiles y militares.
Condenados
- El entonces director de la Fábrica Militar Jorge Antonio Cornejo Torino (13 años)
- El director de Producción Carlos Franke (13 años)
- El entonces director de Coordinación Empresaria Edberto Gónzalez de la Vega (13 años de prisión)
- Marcelo Gatto, entonces jefe de Producción Mecánica (10 años).
El caso llegó hasta la Corte suprema de Justicia. El máximo Tribunal, rechazó por unanimidad los recursos deducidos por las defensas de Cornejo Torino, Gatto y González de la Vega y con el voto de Highton y Maqueda, Lorenzetti y Rosatti el recurso deducido por la defensa de FranKe.
Esta decisión dejó firme la sentencia del 19 de diciembre de 2017 que habían firmado los jueces de la Sala III de la Cámara de Casación, Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Gustavo Hornos, que había confirmado las condenas.
En el fallo del atentado ratifican además que fue una maniobra para ocultar la venta de armas a Croacia y Ecuador durante la administración menemista.
Carlos Menem fue imputado pero no llegó a juicio. Luego falleció. La sensación de impunidad aún sigue vigente en Río Tercero.
